Cuando la justicia pensional llega tarde

La historia de Ligia nos deja una victoria jurídica, pero también una reflexión profunda sobre la demora en la administración de justicia.

Ligia fue la compañera permanente de José Francisco durante gran parte de su vida. Cuando él falleció, no tenía una pensión reconocida por la UGPP, porque la entidad le había negado el derecho al considerar que no cumplía el tiempo de servicio requerido. Por esa razón, cuando Ligia solicitó la pensión de sobrevivencia, también recibió una respuesta negativa.

El caso tenía un doble reto jurídico. Primero, había que demostrar que José Francisco, aunque ya había fallecido, sí había dejado causado su derecho a la pensión de vejez. Luego, una vez reconocido ese derecho, había que demostrar que Ligia, como compañera permanente que convivió con él hasta el final de su vida, tenía derecho a la sustitución pensional.

Después de revisar el expediente, reconstruir la historia laboral y presentar los argumentos jurídicos correspondientes, el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Bogotá reconoció el derecho. La sentencia declaró que José Francisco sí había causado su pensión y que Ligia tenía derecho a la sustitución pensional.

Ligia alcanzó a conocer esa primera decisión favorable. Supo que un juez le había dado la razón. Pero también sabía que el proceso no había terminado, porque la UGPP apeló la sentencia.

La segunda instancia tardó años en resolverse. Y durante ese tiempo, Ligia falleció.

No alcanzó a disfrutar en vida la pensión que reclamó. No recibió de manera efectiva aquello que la justicia finalmente terminó confirmando. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la decisión y mantuvo el reconocimiento de la pensión post mortem, la sustitución pensional y el auxilio funerario. Jurídicamente, el caso se ganó. Humanamente, la respuesta llegó tarde.

Esta historia debe interpelarnos.

Cuando se discute una pensión de sobrevivientes, una pensión de invalidez, una sustitución pensional o cualquier derecho ligado al mínimo vital, no estamos ante un simple debate administrativo. Estamos ante la posibilidad real de que una persona pueda vivir con dignidad, pagar sus necesidades básicas, atender su salud y sostenerse económicamente.

Por eso, no puede normalizarse que un proceso pensional tarde años en resolverse. La demora judicial, en estos casos, no es un dato procesal neutro. Tiene consecuencias humanas: angustia, incertidumbre, deterioro de la salud, dependencia económica y, en algunos casos, la muerte de quien esperaba una respuesta.

La justicia pensional necesita prioridad real. Los procesos donde se discuten derechos de seguridad social vinculados al mínimo vital deberían tener un trámite más ágil, preferente y efectivo. No deberían resolverse cuando la persona ya no está para recibir aquello que durante años reclamó.

Una sentencia favorable es importante. Pero cuando llega demasiado tarde, la justicia queda incompleta.

El caso de Ligia nos recuerda que detrás de cada expediente hay una vida esperando. Y que la administración de justicia tiene el deber de responder con oportunidad, especialmente cuando lo que está en juego no es solo una prestación económica, sino la dignidad de una persona y la protección de una familia.

César Mauricio Mejía Alzate
Abogado litigante y consultor jurídico
Mejía Abogados Cali