¿Sabías que la ausencia de una jurisdicción constitucional está colapsando la justicia y retrasando tus procesos por décadas?
La tutela se ha consolidado como la acción constitucional de mayor uso y alcance práctico en Colombia; te permite exigir la protección inmediata de tus derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública e, incluso, en ciertos casos, de particulares.
Pero hay un problema estructural: la tutela no tiene una jurisdicción propia a diferencia de lo penal o lo civil, que cuentan con jueces especializados. Hoy, todos los jueces y magistrados conocen tutelas. Ese diseño mixto congestiona los despachos y retrasa los procesos ordinarios que cada juez debería atender.
El resultado es contundente: la atención prioritaria que exigen miles de tutelas diarias desplaza los procesos ordinarios, que se postergan por años —cuando no por décadas—, con la consiguiente pérdida de eficacia del sistema de justicia. Colombia necesita, ya, una jurisdicción constitucional especializada que conozca exclusivamente de acciones constitucionales (como la tutela).
¿Para qué? Para ordenar competencias, aliviar la congestión, dar certeza jurisprudencial y permitir que la jurisdicción ordinaria y contenciosa recuperen tiempos razonables y calidad en sus decisiones.
Un Estado moderno invierte para modernizar su justicia. Crear una jurisdicción constitucional no es un gasto: es la condición para proteger mejor los derechos fundamentales, acelerar la resolución de conflictos y reconstruir la confianza en el sistema. Porque tus derechos no pueden seguir esperando en una fila interminable. Porque la dignidad del ciudadano merece una administración de justicia, especializada, oportuna y eficaz.
César Mauricio Mejía Alzate
Abogado litigante y consultor jurídico
Mejía Abogados Cali