Una realidad que Colombia no puede seguir normalizando
Soy César Mauricio Mejía Álzate, abogado colombiano, litigante y consultor jurídico, y llevo más de veinte años trabajando alrededor de reclamaciones y demandas contra el Estado.
Durante todo este tiempo he llegado a una conclusión preocupante: una parte importante de la congestión de la jurisdicción contencioso-administrativa podría evitarse si las propias entidades públicas resolvieran correctamente las reclamaciones de los ciudadanos.
En mi experiencia profesional he encontrado servidores y dependencias administrativas que, ante una solicitud de pensión, indemnización o reconocimiento de un derecho, parecen tener una regla sencilla: negar primero y dejar que el juez decida después.
Y ahí comienza el problema.
Una persona puede tener los hechos, las pruebas, la ley e incluso jurisprudencia claramente favorable y, aun así, algunas entidades prefieren negar la reclamación. El ciudadano entonces tiene que contratar abogado, presentar una demanda y esperar durante años para que un juez termine reconociendo aquello que la administración pudo haber resuelto desde el principio.
He observado esta situación particularmente en litigios relacionados con entidades como la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación e Invías, entre otras.
Pero lo más grave es que el problema muchas veces no termina con la sentencia.
Después de cuatro, cinco o más años de proceso judicial, el ciudadano gana. Existe una sentencia ejecutoriada que ordena pagar. Y comienza otra espera.
He conocido casos en los que las entidades tardan cinco, seis, ocho años o incluso más en cumplir obligaciones judiciales, pese a que la legislación establece términos para hacerlo.
Es decir: primero niegan el derecho, después obligan al ciudadano a demandar, luego pierden el proceso y finalmente tampoco pagan oportunamente la sentencia.
Y alrededor de esas demoras ha aparecido otro fenómeno que merece atención.
En mi ejercicio profesional me ha ocurrido que, después de radicar ante una entidad pública una sentencia para solicitar su pago, comienzan a llegar a mi WhatsApp mensajes de empresas o particulares ofreciendo comprar esa sentencia.
Y como abogado me hago una pregunta elemental:
¿Cómo saben esas personas que esa sentencia existe, que fue radicada y que está pendiente de pago?
No estoy afirmando, sin pruebas, que exista una actuación ilegal entre funcionarios y compradores de sentencias. Pero considero que la coincidencia es suficientemente seria para que las autoridades competentes investiguen cómo circula esa información y quién está teniendo acceso a ella.
Porque mientras el Estado demora durante años el cumplimiento de una sentencia, aparecen particulares ofreciendo comprarle al ciudadano su derecho por un valor inferior, aprovechándose precisamente de su necesidad y de la tardanza administrativa.
Ese círculo es perverso:
la entidad niega → el ciudadano demanda → el Estado es condenado → la entidad demora el pago → aparece un tercero ofreciendo comprar la sentencia.
Colombia necesita revisar profundamente esta realidad.
Necesitamos servidores públicos preparados, competentes y capaces de estudiar cada caso; funcionarios que entiendan que reconocer un derecho cuando corresponde no es favorecer a nadie: es cumplir la Constitución y la ley.
La mejor manera de descongestionar la justicia no consiste solamente en crear más juzgados.
También consiste en lograr que el Estado deje de obligar a sus ciudadanos a demandar para obtener derechos que podían ser reconocidos administrativamente desde el principio.
César Mauricio Mejía Álzate
Abogado colombiano | Litigante y consultor jurídico
Firme por la patria. Que viva Cristo Rey.